Pela reação fica claro que a melhor forma de pressão passa mesmo pela ponte da amizade.
Talvez uma forma de demonstrar o descontentamento com a atual política paraguaia seria a retirada de pauta da chamada "lei dos sacoleiros" .
Retiro de militares será solicitado ante el Parlasur
El estricto control militar se empezó a sentir ayer en Ciudad del Este, con una sensible disminución del comercio. En una asamblea ciudadana, se decidió llevar el problema ante el Legislativo del Mercosur.
Por Wilson Ferreira yAndrés Colmán Gutiérrez
CDE y FOZ DE YGUAZÚ
Una fuerte barrera militar se estableció desde ayer, muy temprano, sobre la ruta BR 277, a pocos kilómetros del Puente de la Amistad, en donde eran detenidos y controlados estrictamente todos los ómnibus, camiones y autovehículos que viajaban desde el Paraguay.
La minuciosa fiscalización, emprendida por oficiales y soldados con uniforme militar y fusiles de asalto, tuvo su visible efecto en el centro comercial de Ciudad del Este, cuyo movimiento se redujo en un 70%, según las estimaciones. Las calles estaban casi vacías de turistas y sacoleiros, y el puente internacional por momentos parecía desierto.
Desde la mediamañana, en la Intendencia y en la Junta Municipal se realizaron reuniones entre autoridades y miembros de las fuerzas vivas del Alto Paraná, para analizar lo que la intendenta Sandra McLeod calificó como "un grave problema, ocasionado nuevamente por los militares brasileños".
Tras una larga asamblea ciudadana, los legisladores del Parlasur, Ángel Barchini y Nelson Alderete, se comprometieron a llevar el caso al Legislativo del Mercosur y a pedir oficialmente que se retiren las fuerzas militares brasileñas de la frontera, y reclamar al Gobierno que, a través de la Cancillería, se haga el lobby necesario para que el Brasil sancione la Ley de los Sacoleiros.
CONTRADICCIÓN. "Dicen que los militares vienen a combatir la ilegalidad, cuestión que no discuto, pero sí me llama la atención el hecho de que es el mismo Gobierno del Brasil, en este caso el Senado brasileño, el que no define la vigencia del Régimen de Tributo Unificado, una ley que dará un marco legal a las operaciones comerciales de los llamados sacoleiros", señaló la intendenta Sandra McLeod.
El legislador Ángel Barchini sostuvo que el ejército debe retirarse de la frontera y que ese planteamiento lo van a llevar hasta el plenario del Parlasur. "Hablan de ilegalidad y, sin embargo, ellos no terminan de definir un proyecto de ley que regula la actividad de los sacoleiros, a pesar de haberlo prometido el propio presidente Lula", sostuvo.
Barchini no descartó que la indefinición del RTU sea al solo efecto de forzar al Gobierno nacional a negociar aspectos que interesan al Gobierno brasileño.
En la reunión con taxistas, kombistas y mesiteros, además de las autoridades municipales, estuvieron los diputados Justo Zacarías, Carlos Paoli, Juan Bernardo Ziet y el senador Alberto Grillón.
Los líderes gremiales insistieron en la necesidad de que el Gobierno logre que el Brasil realice sus prácticas militares en otros puntos y no en la frontera, una región sumamente sensible.
CLAMOR BRASIGUAYO. El mismo grupo de parlamentarios, en horas de la tarde, se reunieron con productores agrícolas de origen brasileño, residentes en las zonas norte y sur del departamento.
Los brasiguayos pidieron seguridad jurídica para trabajar y afirmaron que en 30 años de trabajo nunca vivieron momentos tan difíciles como los que están sorteando en los últimos meses.
El productor e intendente municipal de San Alberto, Romildo de Souza Maia, sostuvo que en el interior, debido a la crisis con los campesinos sin tierra, reina una total incertidumbre y ya no saben qué hacer, debido a que se han endeudado, y si no pueden trabajar no podrán cubrirlas. "El grave problema del productor sojero son la invasión y la amenaza", destacó.
De Souza Maia dijo que recurren a la Justicia, consiguen la orden de desalojo, pero se encuentran con que la Policía Nacional no tiene condiciones de ejecutarla.
"MUCHOS TIENEN TIERRAS", DICE SOJERO
Antonio Kiling, productor sojero de San Alberto, dijo que el Gobierno debe resolver el problema de los campesinos sin tierra. Sostuvo que en el país hay tierra, pero se debe hacer un trabajo serio. "Muchos tienen su chacra, o la tuvieron en algún momento dado, y siempre los ves creando problemas entre los sintierras. Esto es algo a lo que se tiene que poner un punto final", indicó.
Kiling manifestó que se debe respetar la propiedad privada y que, si bien él es migrante brasileño, sus hijos ya son paraguayos, nacidos y educados en el país. "Uno de mis hijos ya tiene 25 años y ya tengo una nieta, que también es paraguaya. Yo pago mis impuestos; si no llega al fisco, eso es algo que se tiene que ver. Todo lo que usamos para nuestros cultivos paga impuesto", enfatizó.
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